La congresista Catherine Palomino, de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Justicia, se pronunció sobre la denuncia sobre presuntos cobros a extrabajadores de su despacho, difundidas el último domingo en un reportaje de Panorama. La parlamentaria sostuvo que las acusaciones provienen de un exempleado que habría actuado por represalia tras dejar de trabajar con ella. Asimismo, negó haber solicitado dinero para el pago de recibos o la compra de un vehículo.
Palomino afirmó que envió una carta notarial a su exasesor por presunta difamación y aseguró que está dispuesta a responder ante la Comisión de Ética si es citada. Sobre la salida del exempleado, señaló que fue separado del despacho luego de conocer denuncias por una presunta agresión contra una mujer embarazada. La congresista indicó que cuenta con pruebas sobre este caso y reiteró su rechazo a las imputaciones. Las acusaciones deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes.
Por otro lado, la Comisión de Justicia aprobó un dictamen que plantea derogar la denominada “ley Soto”, norma que modificó el plazo de suspensión de la prescripción de los delitos y limitó dicho periodo a un año. Durante el debate, la congresista Karina Beteta cuestionó la derogación y sostuvo que la prescripción constituye una sanción al Estado por la inacción de quienes administran justicia. En contraste, Indira Huilca respaldó la iniciativa.
INICIATIVAS EN TRÁMITE
Finalmente, el grupo de trabajo también aprobó un dictamen relacionado con la extinción de dominio, que busca derogar la exigencia de una sentencia previa para aplicar esta figura, establecida en una norma aprobada durante el Congreso anterior. Ambas iniciativas deberán continuar su trámite antes de un eventual debate en el pleno. Mientras tanto, el caso de Palomino podría pasar a la Comisión de Ética y, paralelamente, ser objeto de una investigación fiscal para esclarecer los hechos.
